La información dada por el concejal de Infraestructuras Urbanismo y Vivienda, Cesar Díaz de las consecuencias que va a tener para la ciudad la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Santander de 2012, recogida por la prensa el pasado 23 de enero, constituye un lamentable ejercicio de echar balones fuera eludiendo la responsabilidad del equipo de gobierno municipal del PP que elaboró el PGOU anulado por el Tribunal Supremo al achacar la causa de esa anulación a motivos externos como la sentencia que había anulado el proyecto de Bitrasvase Ebro–Besaya-Pisueña. Todo el discurso del concejal de Infraestructuras Urbanismo y Vivienda Cesar Díaz, va encaminado a un doble objetivo: primero: evitar el debate sobre el modelo urbanístico de crecimiento de la ciudad de Santander
segundo: intentar amedrentar a la población a cuenta de unas supuestas consecuencias desastrosas para la economía de la ciudad derivadas de la anulación del PGOU, presionando de esta manera al Gobierno regional para que en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2017, se incluyan unas Disposiciones Transitorias que, modificando sin debate la actual Ley de Ordenación territorial y Urbanismo, permitan la ejecución de algunas de las actuaciones más especulativas previstas en el PGOU de 2012.
Antes de su anulación por el TS, el PGOU de 2012 había sido fuertemente contestado por el vecindario de los barrios afectados por unas Áreas Especiales de actuación que suponen en muchos casos el derribo de las actuales viviendas y la expulsión de los actuales habitantes en beneficio de los intereses de unos pocos promotores inmobiliarios: El Pilón, Prado San Roque, Río de la Pila, etc. son solo algunos ejemplos. El Plan General anulado suponía la práctica desaparición del espacio libre de La Remonta, macizado por 1.300 viviendas más y 41.500 m2 de actividades comerciales. Suponía, así mismo, una enorme operación especulativa al calificar como urbanizables los suelos rústicos del litoral norte sobre los que no se puede edificar por aplicación de la Ley de Costas y del POL, otorgando a sus propietarios la edificabilidad en otros ámbitos y desarrollando una ciudad sin espacios libres al computar a estos efectos los terrenos del litoral norte muy alejados de los barrios en los que realmente va a vivir la población.
La información dada por el concejal, pretendiendo asustar a la ciudadanía, ( actitud esta que no estamos dispuestos a permitirle) con que la anulación del PGOU pone en peligro la realización de algunos proyectos de interés social no es más que una tapadera para intentar ocultar lo realmente grave y en lo que él tiene responsabilidad directa.
Antes de su anulación por el TS, el PGOU de 2012 había sido fuertemente contestado por el vecindario de los barrios afectados por unas Áreas Especiales de actuación que suponen en muchos casos el derribo de las actuales viviendas y la expulsión de los actuales habitantes en beneficio de los intereses de unos pocos promotores inmobiliarios: El Pilón, Prado San Roque, Río de la Pila, etc. son solo algunos ejemplos. El Plan General anulado suponía la práctica desaparición del espacio libre de La Remonta, macizado por 1.300 viviendas más y 41.500 m2 de actividades comerciales. Suponía, así mismo, una enorme operación especulativa al calificar como urbanizables los suelos rústicos del litoral norte sobre los que no se puede edificar por aplicación de la Ley de Costas y del POL, otorgando a sus propietarios la edificabilidad en otros ámbitos y desarrollando una ciudad sin espacios libres al computar a estos efectos los terrenos del litoral norte muy alejados de los barrios en los que realmente va a vivir la población.
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| Tomado de 🚧 |
La información dada por el concejal, pretendiendo asustar a la ciudadanía, ( actitud esta que no estamos dispuestos a permitirle) con que la anulación del PGOU pone en peligro la realización de algunos proyectos de interés social no es más que una tapadera para intentar ocultar lo realmente grave y en lo que él tiene responsabilidad directa.
A lo largo de estos últimos cuatro años Cesar Díaz se ha destacado como el más inflexible y contumaz defensor público del PGOU ahora anulado que suponía la completa destrucción de las posibilidades del desarrollo de Santander como ciudad ecosostenible y un ataque frontal a la calidad de vida de los santanderinos y santanderinas. El concejal no ha dudado, en defensa de su Plan, en enfrentarse por ello a diversas asociaciones y colectivos de vecinos con descalificaciones generalizadas lo que ha puesto de manifiesto su incapacidad técnica y la falta de respeto a los ciudadanos, su escaso talante democrático.
Como máximo responsable político de la realización y defensa del Plan anulado, Cesar Díaz debe seguir el mismo destino que su plan: asumir su responsabilidad política y dimitir, por haber defendido y mantenido un Plan que era ilegal, y ser responsable de las negativas consecuencias y problemas que se derivarían para la calidad de vida de los habitantes de Santander de la ejecución de ese Plan.
Es el momento de diseñar un nuevo Plan General con amplia participación ciudadana y al servicio de los intereses vitales de la ciudadanía de Santander, que tenga como objetivo fundamental una ciudad para vivir, y no el seguir manteniendo a Santander como un mero solar para satisfacer la ambición de unos pocos agentes inmobiliarios bien relacionados con el poder político, como ha venido ocurriendo hasta el presente.
Como máximo responsable político de la realización y defensa del Plan anulado, Cesar Díaz debe seguir el mismo destino que su plan: asumir su responsabilidad política y dimitir, por haber defendido y mantenido un Plan que era ilegal, y ser responsable de las negativas consecuencias y problemas que se derivarían para la calidad de vida de los habitantes de Santander de la ejecución de ese Plan.
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Es el momento de diseñar un nuevo Plan General con amplia participación ciudadana y al servicio de los intereses vitales de la ciudadanía de Santander, que tenga como objetivo fundamental una ciudad para vivir, y no el seguir manteniendo a Santander como un mero solar para satisfacer la ambición de unos pocos agentes inmobiliarios bien relacionados con el poder político, como ha venido ocurriendo hasta el presente.
Hay que recordar a todos los partidos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Santander, que llevaban en sus programas electorales la anulación o revisión del Plan General del 2012. Ha llegado la hora de pedirles valentía y de actuar coherentemente con lo publicado en sus programas.
La anulación del PGOU por el Tribunal Supremo coloca a esos partidos frente a la responsabilidad adquirida con sus votantes. Santander necesita un nuevo Plan General que
esté al servicio de los intereses generales de la ciudadanía y que garantice un crecimiento armónico y sostenible de la ciudad y al margen de los intereses de los especuladores.
concejoabiertosantander@gmail.com http://concejoabiertosantander.blogspot.com.es/
